Piden evitar el mal uso de datos personales e imágenes de menores de edad en sistemas multimedia

El diputado José Antonio Zapata Meraz (PAN) impulsa reformar los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para evitar la transmisión de imágenes y datos personales de menores de edad en medios multimedia, ya sean públicos o privados, que permitan su identificación, menoscaben su honra o reputación, y atenten contra sus derechos.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, tiene como objetivo robustecer el marco jurídico de protección a los derechos de la niñez con el fin de evitar un mal uso de datos e imágenes de menores de edad que vayan en contra del interés superior de la niñez.

También, para seguir abonando en las acciones afirmativas para que se cumplan las leyes y los tratados internacionales en materia de protección de las niñas, niños y adolescentes.

El documento indica que el mal uso de fotografías de menores, puede atraerles severas repercusiones psicológicas, traumáticas, bullying e inclusive estados depresivos recurriendo al suicidio, debido “a la difamación tan grande a la que se expuso su imagen o por videos graciosos”.

Explica que algunas personas han usado la imagen de un menor de edad cantando, en algún eslogan de un partido político, de funcionarios que se han tomado imágenes con menores de edad, incluso influencers que se toman fotos con niños y las exponen en sus redes sociales, a pesar de que cuentan con una gran cantidad de seguidores.

En primero momento, añade, parecería que estas prácticas son inofensivas, pero la realidad es que estas acciones vulneran los derechos de las niñas, niños y hasta jóvenes, ya que en las redes sociales se han viralizado imágenes de menores de edad que a menudo son con fines humorísticos.

El diputado Zapata Meraz menciona que, en cualquiera de las circunstancias señaladas, los menores no tienen noción de la finalidad que se le puede dar a su imagen y menos cuando estas niñas y niños no cuentan con un padre o tutor que vele por sus derechos; por ello, es fundamental que el Estado sea el responsable de garantizar la salvaguarda de los menores.