• También para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción entregue su informe anual a la Cámara de Diputados
En reunión ordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó dos dictámenes para reformar la Constitución Política relativos a legislar en materia de delitos de extorsión y sobre el combate a la corrupción.
Un dictamen, aprobado en lo general por mayoría de votos, reforma el inciso a) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Carta Magna para establecer que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión y otros delitos vinculados, delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
El documento establece en sus transitorios que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes en las materias que comprende este Decreto en un término de 180 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor.
Asimismo, que las legislaciones en materia de extorsión continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el presente decreto. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en ellas, deberán continuar hasta su respectiva conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de cometerse el ilícito.
Del mismo modo, que las normas de este decreto se interpretarán conforme a derecho y tomando en consideración lo dispuesto en los dictámenes, minutas, diarios de debates e instrumentos parlamentarios oficiales correspondientes a su proceso de reforma.
Con 8 votos a favor, 7 en contra y cuatro abstenciones, se aprobó la reserva presentada por el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) en torno a la redacción del dictamen que decía “extorsión y diversos que afecten el mismo bien jurídico”, por lo que propuso modificarla por “y otros delitos vinculados”.
El diputado Robledo Ruiz precisó que se da una facultad genérica al Congreso de la Unión que legisle en la materia para todo el país y “somos nosotros los que vamos a dictar esa ley y da tiempo para que salga en esta Legislatura”.
Explicó que la reforma busca que se legisle “en materia nacional”, que sea una ley para todos los estados de la República y que esta nueva ley general en materia de extorsión y delitos vinculados se sobreponga a los códigos penales de los estados.