La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), aprobó por 16 votos su opinión al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º, 23 y 87 de la Ley Agraria.
La propuesta busca otorgar preferencia a los fines agrícolas, pecuarios, forestales y de preservación ecológica en las asambleas de ejidatarios, al delimitar áreas de urbanización y relocalización en zonas urbanas, lo que significa un planteamiento de gran relevancia desde una perspectiva jurídica y de sostenibilidad.
La resolución de la Comisión señala que esta modificación, que está en consonancia con los principios de la legislación agraria y ambiental, tiene como objetivo garantizar que se respeten y protejan los derechos de los ejidatarios y promover el equilibrio ambiental y la preservación de los recursos naturales.
Además, promueve la conservación de la vocación productiva de la tierra, contribuye al bienestar económico de los campesinos y al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
Aclara que al otorgar preferencia a los fines agrícolas, pecuarios, forestales y de preservación ecológica en las asambleas de ejidatarios, la iniciativa es jurídicamente sólida, ya que protege los derechos, la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.
Además, no solo se cierra a que las tierras ejidales enajenadas sean utilizadas para cuestiones agrícolas, sino que abre la posibilidad de que puedan ser utilizadas para el desarrollo urbano, siempre que cumplan con los requisitos jurídicos que marque la ley.
El proponente de la reforma, diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI), dijo que es fundamental alinear la Ley Agraria con la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en virtud de que las manchas urbanas están creciendo y generan desorden territorial.