La politización del Derecho al Alumbrado Público exige un esclarecimiento de la información URGENTE, la gente merece tener información completa y transparente
Por Xel Arianna Hernández
La solicitud del cobro del DAP es una facultad estrictamente de los ayuntamientos, que se turna al Congreso exclusivamente para análisis, revisión y en su caso aprobación.
Con la constante y extensa participación de las redes sociales, cualquier tema que concierne a la población y que involucre asuntos como recursos o toma decisiones de coyuntura, básicamente se convierte en asunto tabú, difícilmente digerible para muchos, por todos los asegunes o comentarios dispersos que surgen.
También estos temas, llegan a ser utilizados como campo fértil para aquellas voces que, -al no tener una trascendencia por escasez de propuestas o resultados fehacientes a beneficio de la población-, encuentran en la politiquería, una herramienta fundamental para conseguir fama y reflectores.
El Derecho al Alumbrado Público se encuentra vigente en el artículo 115 constitucional fracción III de la Constitución Mexicana y entonces… ¿Por qué se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Resulta que el cobro de este servicio se venía realizando hasta el 2020 en 1,131 ayuntamientos en forma de impuesto; la diferencia entre impuesto y derecho es la siguiente: el impuesto es progresivo (aumenta con el tiempo) y proporcional (depende de la cantidad de tu consumo) y el derecho cumple con los principios de equidad (aplica a todos) y homogeneidad (misma cantidad); debe precisarse que el criterio condenatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el 2019 no consiste en que los municipios dejen de percibir esa contribución o que se elimine total y definitivamente; únicamente consideró inapropiada la estructura establecida para su cobro.
De manera particular, en el caso del Municipio de Puebla, desde el 17 de diciembre de 1999, se publicó el Decreto que expide el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, en cuyo Título Tercero, Capítulo VI, artículos del 240 al 244, se encuentra establecido el DAP.
La realidad es que independientemente de las acciones promovidas por la CNDH en 2019, el famoso DAP se cobra desde hace más de 27 años, pero de manera irregular a través de convenios celebrados a discreción, es decir, bajo el agua entre la mayoría de los Ayuntamientos de la entidad y la CFE, por supuesto nada de esa recaudación se transparenta a los ciudadanos.
Entonces ¿en qué consiste la iniciativa? En una nueva fórmula para los municipios que está alineada a lo que ya validó la SCJN y consiste simplemente en establecer una cuota fija que sale de dividir todo lo que se gasta el municipio para prestar el servicio de alumbrado público entre el número total de predios en el mismo municipio, es decir:
CUOTA MENSUAL= COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ÷ NÚMERO DE PREDIOS
Este nuevo esquema obliga a que los municipios les rindan cuentas a los ciudadanos de lo que se cobra y al mismo tiempo obliga a los municipios a utilizar lo cobrado para garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de alumbrado público, incluye la cobertura de 4 temas principales:
a) el suministro
b) el mantenimiento
c) el costo de luminarias nuevas
d) los gastos de administración y operación.
Además, se estableció un estímulo fiscal, es decir, para quiénes la nueva cuota mensual resulte superior a la que pagaban antes, el municipio absorberá la diferencia para que se pague igual y no afecte los bolsillos de los que menos tienen. La cantidad promedio que representa este derecho es de entre 4 y 15 pesos (no más).
De acuerdo con la Secretaría de Energía, los recursos obtenidos del DAP alcanzan para cubrir alrededor del 65% de la facturación del alumbrado público en los estados donde se aplica, por lo que al asumir ese costo extra distraen recursos que podrían destinarse a programas sociales, obra pública o servicios municipales; o bien, deben buscar fuentes alternas de ingresos para sufragarlos, es decir ¡Más deuda pública! Cosa que el edil de la capital sentenció hace un par de días.
Dicho esto, me gustaría declarar lo lamentable que me parece que en medio del debate parlamentario que, se supone, debe ser constructivo, surjan posturas y personajes oportunistas que se aprovechen de la desinformación colectiva y ocupen la manipulación política por diferentes medios de comunicación con el único interés de sacar “raja política”.
Igualmente, desde este espacio invitarles de la manera más atenta a los Ayuntamientos solicitantes a que no cumplan con el principio de “tirar la piedra y esconder la mano”, que de cara a la ciudadanía expliquen el porqué de este requerimiento con transparencia e información. Sepan que en caso de aprobarse el DAP más de un diputado/a nos vamos a dar a la tarea de exigirles de manera puntual resultados en el ejercicio de ese presupuesto. Ya no queremos política barata, los poblanos merecemos claridad.
* Diputada local por el partido Morena.