• Tiene incremento del 4.2 por ciento a lo aprobado en 2023: diputado Erasmo González 

En sesión presencial, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), fundamentó el dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual contempla un gasto neto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos. 

El documento prevé un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos y propone disminuciones al presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Menciona que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2024, sin contar las prerrogativas a partidos políticos, ascendería a un total de 23,797.38 millones de pesos.

González Robledo indicó que el gasto neto total de más de 9 billones de pesos, representa un incremento del 4.2 por ciento comparado con lo que se aprobó para el ejercicio 2023.

Se plantean modificaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, un ajuste presupuestal a diversos ramos autónomos por un monto de 13 mil 262 millones de pesos, para redireccionar estos recursos al Ramo 11 de Educación Pública, específicamente al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar “Benito Juárez”.

Con esa decisión, dijo, se busca ampliar la cobertura, fomentar la inclusión y promover la equidad educativa en beneficio de la sociedad, y también se pretende reducir el rezago educativo en el ámbito rurales e indígena, así como en poblaciones con altos grados de marginación y pobreza.

Aclaró que, en las siguientes horas y días, en la discusión de las reservas, la distribución final de los recursos para el PEF 2024 podría sufrir algunos cambios respecto al proyecto de dictamen.

Hizo mención que en la Ley de Ingresos para 2024 se aprobó una disminución a la tasa aplicable al pago de derecho por la utilidad compartida aplicable a Petróleos Mexicanos (Pemex) que bajó de 40 por ciento a un 30 por ciento, lo que permitirá la liberación de recursos para estimular la inversión en la empresa productiva del Estado.